[ENG]
NOT ONE MORE DEATH OR MORE ILLEGAL ARREST, NO TO THE STATE OF EMERGENCY, NO TO THE ABUSE OF POWER, NO TO THE CRIMINALIZATION OF PROTEST. WE DEMAND AN END TO IMPUNITY AND INVESTIGATION TO DETERMINE THE LEVEL OF RESPONSIBILITY OF PRESIDENT OLLANTA HUMALA.
This manifesto arises from the shock felt at the events occurred in the town of Celendín, Peru, on July 4, 2012, where there has been a direct attack against its inhabitants, who were mourning the death of three people, and where a series of illegal arrests were conducted.
The Peruvian government’s response, over the protests of the people of Cajamarca, has been to declare, without any legal basis, a state of emergency to suppress the population, with the intrusion of the military, which constitutes a violation of fundamental rights to its inhabitants. Through these actions, they seek to protect the private interests of the transnational Newmont Mining Corporation, ignoring the rejection by the people of Cajamarca, whose peaceful protest have been taking place for months.
The protests by the citizens of Cajamara are aimed at the legitimate defence of their livelihoods and water resources, which would be seriously affected in the case that implementation of the Conga mega mining project. [1]
In solidarity with our Peruvian brothers and sisters, we declare the following:
- We demand a clarification as to who is responsible for the violence committed against demonstrators that has left three people dead, bringing to 20 the number of people killed in social conflicts in the short time that the government of Ollanta Humala has been in office. One more death is unacceptable. It is inadmissible that the government undermines the security of its citizens, constantly adopting illegal actions that violate fundamental rights, as well as the Peruvian Constitution.
- We demand an end to the state of emergency in the region. According to the International Criminal Court, crimes against humanity are, “any act which causes severe suffering inhuman or impairs the mental or physical health of the person who suffers, committed as part of a widespread or systematic attack against any civilian population” [1], as is the declaration of a state of emergency illegal and consistent in manner, such that may be typified as a form of “persecution”. [2] It is intended to legitimize a state of emergency to make arrests indiscriminately violating all types of protocols and conventions of international law which have been ratified and signed by Peru. At the same time, make use of state armed forces to guarantee private interests in violation of the obligations for which they are empowered; to ensure the safety of its citizens, by not curtailing their freedoms. The imposition of the declared state of emergency does not restrict the rights of freedom to assembly, thus rendering arbitrary arrests unjustified by this fact. Therefore, we demand the release of illegally detained persons, such as the case of Marco Arana. We take a stand against the systematic criminalization of protest by the population.
- We call on Peruvian citizens to adopt a critical attitude towards the information that filters through the mass media that far from accommodating different points of view, becomes a loudspeaker for corporate interests. We call on the Peruvians, to take a responsible attitude of solidarity and support the events and demonstrations being carried out throughout the country, because the future of Peru is what is at stake.
- We urge an end to censorship and manipulation by the media about the struggles in defence of livelihoods, distorting information in order to manipulate public opinion to foster the position for illegitimate policies of the current government.
Foot notes:
[1]http://www.stecyl.es/opinion/2011/110329_crimenes_economicos_contra_humanidad.htm
[2] El principio del imperio de la ley “cobra el carácter de concepto dinámico que debe aplicarse no sólo para salvaguardar y promover en toda sociedad libre los derechos civiles y políticos del individuo, sino además para crear las condiciones sociales, económicas y culturales bajo las cuales pueda satisfacer sus legítimas aspiraciones” en caso contrario tiene la figura de persecución, se desprende de la opinión consultiva de la Corte Internacional y el Art. 64 Convención Americana sobre Derechos Humanos, Opinión Consultiva OC-8/87 del 30 de enero de 1987. Serie A No. 8, párr. 10. de la Corte Internacional
Also see in English:
http://www.ww4report.com/node/11252
Background:
http://en.wikipedia.org/wiki/Yanacocha
http://www.bullionstreet.com/news/peru-may-drop-4.8-billion-cajamarca-gold-mine-project/1705
[ESP]
NI UNA MUERTE MÁS, NI UN ARRESTO ILEGAL MÁS, NO AL ESTADO DE EMERGENCIA, NO AL ABUSO DE PODER, NO A LA CRIMINALIZACIÓN DE LA PROTESTA. QUE NO QUEDEN IMPUNES ESTOS HECHOS. EXIGIMOS INVESTIGACION Y QUE SE ESTABLEZCA EL GRADO DE RESPONSABILIDAD DEL PRESIDENTE OLLANTA HUMALA.Este manifiesto nace fruto de la conmoción sentida ante los hechos ocurridos en la localidad de Celendín, Perú, donde se ha atentado de modo directo contra lxs ciudadanxs que allí se manifestaban, teniendo que lamentar la muerte de tres personas, al mismo tiempo que se han llevado a cabo una serie de arrestos ilegales.
La respuesta del gobierno peruano, ante las protestas de la población cajamarquina, ha sido declarar -sin fundamento jurídico- el estado de emergencia para reprimir a la población, con la intromisión de las fuerzas militares, lo que constituye una violación de los derechos fundamentales de lxs ciudadanxs. De este modo, se pretenden proteger los intereses privados de la transnacional Newmont Mining Corporation, ignorando el rechazo expresado por la población de Cajamarca, cuya protesta pacífica viene realizándose desde hace meses atrás.
Las protestas de lxs ciudadanxs cajamarquinxs están dirigidas a la defensa legítima de sus medios de vida y de los recursos hídricos, que serían seriamente afectados si se llegara a ejecutar el proyecto megaminero Conga.[1]De esta manera declaramos, en apoyo a nuestrxs hermanxs peruanxs, lo siguiente:
– Exigimos que se esclarezcan las responsabilidades ante la violencia ejercida contra lxs manifestantes, que ha dejado como saldo la muerte injustificada de tres personas, elevándose a 20 el número de personas fallecidas en conflictos sociales en el escaso tiempo que el gobierno de Ollanta Humala lleva en el poder. Es inaceptable una muerte más. Es inadmisible que el gobierno mine la seguridad de la ciudadania, aplicando constantemente acciones ilegítimas que atentan contra los derechos fundamentales y la Constitución peruana.
– Exhortamos y exigimos el cese del estado de emergencia en la región. Según la Corte Penal Internacional, crimen contra la humanidad es “cualquier acto inhumano que cause graves sufrimientos o atente contra la salud mental o física de quien los sufre, cometido como parte de un ataque generalizado o sistemática contra una población civil” [1] , como lo es la declaración de un estado de emergencia ilegal y de manera reiterada, que podría tipificarse bajo la figura de “persecución”.[2] Se pretende legitimar un estado de excepción para realizar arrestos de manera indiscriminada violando todo tipo de protocolos y convenios de derecho internacional, que han sido ratificados y firmados por el Estado peruano. Al mismo tiempo, hacer uso de fuerzas armadas del Estado para garantizar fines privados lo convierte en transgresión de las obligaciones para los cuales éstos están: resguardar la seguridad de lxs ciudadanxs y no atentar contra ellxs coartando sus libertades. Aún impuesta la declaración del Estado de Emergencia, éste no restringe los derechos de libertad y reunión, por lo que las detenciones arbitrarias no son justificadas por este hecho. Por tanto, reclamamos la liberación de las personas detenidas de forma ilegal, como es el caso de Marco Arana. Nos posicionamos en contra de la sistemática criminalización de la protesta de la población.
– Hacemos un llamamiento a la ciudadanía peruana para que adopte una actitud crítica ante la información que le llega de los medios de comunicación masiva que lejos de dar cabida a diferentes puntos de vista, se convierten en altavoz de los intereses empresariales. Llamamos a los y las hermanas peruanas, a asumir una actitud responsable y solidaria ante los sucesos ocurridos y a apoyar las movilizaciones que se están llevando a cabo a lo largo de todo el país, pues es el futuro del Perú lo que está en juego.
– Exhortamos a que se acabe con la censura y manipulación por parte de los medios de comunicación sobre las luchas en defensa de los medios de vida, tergiversando la información con el fin de manipular a la opinión pública para que se posicione a favor de las decisiones ilegítimas del actual gobierno.Firmantes.
América Latina Indignada: Sur, Centro y Norte.
Legal Team International 15M.
Democracia Directa PerúNota a pie
[1]http://www.stecyl.es/opinion/2011/110329_crimenes_economicos_contra_humanidad.htm
[2] El principio del imperio de la ley “cobra el carácter de concepto dinámico que debe aplicarse no sólo para salvaguardar y promover en toda sociedad libre los derechos civiles y políticos del individuo, sino además para crear las condiciones sociales, económicas y culturales bajo las cuales pueda satisfacer sus legítimas aspiraciones” en caso contrario tiene la figura de persecución, se desprende de la opinión consultiva de la Corte Internacional y el Art. 64 Convención Americana sobre Derechos Humanos, Opinión Consultiva OC-8/87 del 30 de enero de 1987. Serie A No. 8, párr. 10. de la Corte Internacional
La respuesta del gobierno peruano, ante las protestas de la población cajamarquina, ha sido declarar -sin fundamento jurídico- el estado de emergencia para reprimir a la población, con la intromisión de las fuerzas militares, lo que constituye una violación de los derechos fundamentales de lxs ciudadanxs. De este modo, se pretenden proteger los intereses privados de la transnacional Newmont Mining Corporation, ignorando el rechazo expresado por la población de Cajamarca, cuya protesta pacífica viene realizándose desde hace meses atrás.
Las protestas de lxs ciudadanxs cajamarquinxs están dirigidas a la defensa legítima de sus medios de vida y de los recursos hídricos, que serían seriamente afectados si se llegara a ejecutar el proyecto megaminero Conga.[1]De esta manera declaramos, en apoyo a nuestrxs hermanxs peruanxs, lo siguiente:
– Exigimos que se esclarezcan las responsabilidades ante la violencia ejercida contra lxs manifestantes, que ha dejado como saldo la muerte injustificada de tres personas, elevándose a 20 el número de personas fallecidas en conflictos sociales en el escaso tiempo que el gobierno de Ollanta Humala lleva en el poder. Es inaceptable una muerte más. Es inadmisible que el gobierno mine la seguridad de la ciudadania, aplicando constantemente acciones ilegítimas que atentan contra los derechos fundamentales y la Constitución peruana.
– Exhortamos y exigimos el cese del estado de emergencia en la región. Según la Corte Penal Internacional, crimen contra la humanidad es “cualquier acto inhumano que cause graves sufrimientos o atente contra la salud mental o física de quien los sufre, cometido como parte de un ataque generalizado o sistemática contra una población civil” [1] , como lo es la declaración de un estado de emergencia ilegal y de manera reiterada, que podría tipificarse bajo la figura de “persecución”.[2] Se pretende legitimar un estado de excepción para realizar arrestos de manera indiscriminada violando todo tipo de protocolos y convenios de derecho internacional, que han sido ratificados y firmados por el Estado peruano. Al mismo tiempo, hacer uso de fuerzas armadas del Estado para garantizar fines privados lo convierte en transgresión de las obligaciones para los cuales éstos están: resguardar la seguridad de lxs ciudadanxs y no atentar contra ellxs coartando sus libertades. Aún impuesta la declaración del Estado de Emergencia, éste no restringe los derechos de libertad y reunión, por lo que las detenciones arbitrarias no son justificadas por este hecho. Por tanto, reclamamos la liberación de las personas detenidas de forma ilegal, como es el caso de Marco Arana. Nos posicionamos en contra de la sistemática criminalización de la protesta de la población.
– Hacemos un llamamiento a la ciudadanía peruana para que adopte una actitud crítica ante la información que le llega de los medios de comunicación masiva que lejos de dar cabida a diferentes puntos de vista, se convierten en altavoz de los intereses empresariales. Llamamos a los y las hermanas peruanas, a asumir una actitud responsable y solidaria ante los sucesos ocurridos y a apoyar las movilizaciones que se están llevando a cabo a lo largo de todo el país, pues es el futuro del Perú lo que está en juego.
– Exhortamos a que se acabe con la censura y manipulación por parte de los medios de comunicación sobre las luchas en defensa de los medios de vida, tergiversando la información con el fin de manipular a la opinión pública para que se posicione a favor de las decisiones ilegítimas del actual gobierno.Firmantes.
América Latina Indignada: Sur, Centro y Norte.
Legal Team International 15M.
Democracia Directa PerúNota a pie
[1]http://www.stecyl.es/opinion/2011/110329_crimenes_economicos_contra_humanidad.htm
[2] El principio del imperio de la ley “cobra el carácter de concepto dinámico que debe aplicarse no sólo para salvaguardar y promover en toda sociedad libre los derechos civiles y políticos del individuo, sino además para crear las condiciones sociales, económicas y culturales bajo las cuales pueda satisfacer sus legítimas aspiraciones” en caso contrario tiene la figura de persecución, se desprende de la opinión consultiva de la Corte Internacional y el Art. 64 Convención Americana sobre Derechos Humanos, Opinión Consultiva OC-8/87 del 30 de enero de 1987. Serie A No. 8, párr. 10. de la Corte Internacional
Signatories / Firmado:
América Latina Indignada: Sur, Centro y Norte.
Legal Team International 15M.
Democracia Directa Perú
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Source: email at squares maling list.
Translation by: OWS/NYCGA Translation Working Group
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